España es la principal reserva del continente pero apenas explota el 30% de sus recursos, que generan por ahora 35.000 empleos directos en 2.750 explotaciones.
El 31 de enero de 2018, España cerró todas sus minas de carbón excepto la del pozo San Nicolás (en Mieres, Asturias). Pero la minería española no se limita a esta roca utilizada como combustible fósil. La geografía del país, en especial la faja pirítica que se extiende por el sur de la Península, proporciona grandes reservas reservas de cobre, litio, zinc, plomo, wolframio, coltán, vanadio, cobalto o tierras raras, vitales para la tecnología moderna y la movilidad eléctrica, y de otras muchas materias primas estratégicas y protagonistas de la conocida como minería del siglo XXI. Así, España es el segundo productor europeo de cobre, posee las principales reservas del continente de litio, uranio y tierras raras o la única mina activa de coltán.
La minería vive un 'boom' en nuestro país. Hay decenas de proyectos de explotación, según la patronal del sector, Confedem, pero un número similar de proyectos de extracción de litio, coltán o tierras raras "están paralizados a lo largo de toda España" por la ‘agenda verde’ del Gobierno, las Comunidades Autónomas y la ofensiva ecologista. Fuentes del sector aseguran que España explota menos del 30% de todo su potencial minero. Una enorme riqueza natural que podría convertirnos en un exportador de minerales como las tierras raras, que hoy en el mundo solo produce y vende China.
Aún así, y pese a las trabas políticas, burocráticas y ecológicas, en la minería española hay historias de éxito que atraen a empresas e inversionistas de todo el mundo. Como la de Atlantic Copper, una compañía española cuyo accionista es la empresa norteamericana Freeport-McMoRan, uno de los principales grupos de explotación de recursos naturales de Estados Unidos. Freeport-McMoRan cotiza en la Bolsa de Nueva York y es el segundo productor mundial de cobre, primer productor de molibdeno y un actor importante en el oro. En Huelva transforma más de un millón de toneladas de mineral en 300.000 toneladas de cobre refinado al año y da empleo directo a 1.000 trabajadores. En 2020, la explotación onubense facturó 1.776 millones de euros, la mitad de ellos en exportaciones. O el fondo soberano de Abu Dabi, que con sus socios de Trafigura Group Pte Ltd gestiona Matsa, ahora a la venta, y que explota tres minas subterráneas en Huelva. Las antiguas minas de Riotinto vuelven a estar activas.
También parecía un caso de éxito el de Mina Muga cuando, a principios de julio, el Ministerio de Transición Ecológica, en coordinación con las administraciones mineras de Navarra y Aragón, concedió los permisos a Geoalcali, empresa filial de Highfield Resources que cotiza en la bolsa australiana, para la puesta en marcha de la mina. Un proyecto en Sangüesa (Navarra) y a caballo entre Navarra y Aragón para la producción de potasa que cuenta con una inversión de 600 millones de euros y con el que se espera crear 1000 puestos de trabajo en su construcción y 800 empleos directos cuando se encuentre ya operativa. Pero la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa, Ecologistas en Acción, Sustrai Erakuntza y la Confederación General del Trabajo (CGT) acaban de presentar recursos de alzada ante las autoridades pertinentes, en las tres administraciones involucradas, contra la resolución favorable a la explotación de Mina Muga, lo que amenaza con paralizar -o cuando menos retrasar- un proyecto que iba a comenzar de manera inmediata.
En Andalucía, la principal zona pirítica de Europa, con unas reservas de polimetales estimada en 1.500 millones de toneladas, hay decenas de proyectos de varias multinacionales en Sevilla, Huelva, Córdoba o Granada que generarían miles de puestos de trabajo y miles de millones en inversión. Muchos de ellos, además, están pendientes de recibir los fondos UE Next Generation. “Andalucía puede convertirse en el Silicon Valley de Europa”. dicen en el sector, pero desde la patronal andaluza de la minería, AMINER, se advierte de que “la complejidad y burocratización de los trámites para la puesta en marcha de los proyectos no ayudan a su materialización, ya que tardan muchos años en ponerse en marcha”. Y eso que la OCDE ya ha dejado claro "el potencial" de la minería andaluza "como proveedora de minerales críticos".
Uno de los proyectos en ‘stand by’ es, por ejemplo, la reapertura de la mina de Aznalcóllar, donde la rotura de su balsa produjo en 1998 un desastre medioambiental que llegó hasta el entorno del parque nacional de Doñana, y que se encuentra paralizada por la Audiencia de Sevilla. Todo ello debido a una denuncia de Emérita, una de las empresas licitantes, pese a que la Junta de Andalucía haya declarado el proyecto de Minera Los Frailes, compañía participada por el Grupo México y por Minorbis (Grupo Magtel), de interés público superior. MLF, que ya ha invertido desde 2015 más de 40 millones de euros, prevé una inversión de más de 400 millones para restaurar las antiguas instalaciones y explotar una nueva mina subterránea que creará unos 1.200 empleos directos y 800 indirectos.
La minera Quantum libra estos días en el Tribunal Supremo su última batalla, ha presentado recurso de casación, contra todas las negativas por razones técnicas y medioambientales de la Junta de Castilla La Mancha y los tribunales regionales, contra su proyecto de explotación de ‘tierras raras’ en en el Campo de Montiel (Ciudad Real), entre los municipios de Torrenueva y Torre de Juan Abad. El proyecto 'Matamulas', al que se ha opuesto desde su inicio hace casi un lustro la plataforma ecologista ‘Sí a la Tierra Viva’, "atentaba contra la biodiversidad de la zona". Debido, principalmente, a su alto consumo de agua y a que modificaba el hábitat de especies animales en peligro de extinción como el lince ibérico o el águila imperial.
Las tierras raras, de las que China produce el 85% a nivel mundial, son 17 elementos químicos imprescindibles en la industria tecnológica y militar. Por ejemplo, para la fabricación de un ordenador portátil, se utilizan 2,5 gramos de estos elementos. Con la explotación del yacimiento castellanomanchego, nuestro país, que importa todos los años 550 toneladas de tierras raras, podría producir 2.100 toneladas al año, un 30% más de todas las que consume Europa en doce meses, cantidad suficiente para construir 10.000 aerogeneradores eléctricos o 340.000 vehículos eléctricos o híbridos, y el 25% de toda la producción mundial. "España tiene que tomar la decisión sobre si explotar nuestros recursos y ser una potencia mundial o dejar nuestros yacimientos ahí sin utilizarlos", asegura Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio de Geólogos de España. En el Monte O Galiñeiro, entre Vigo y Gondomar (Pontevedra), hay también la constancia de la abundante presencia de tierras raras, pero la Xunta no ha concedido, de momento, ningún permiso para su extracción.
La Información ha contado en numerosas ocasiones los problemas administrativos, burocráticos y medioambientales con los que se están encontrando, tanto en el Gobierno central como en las CCAA de Extremadura y Castilla y León, proyectos como los de las dos minas de litio, fundamental para las baterías de los coches eléctricos, proyectadas en la provincia de Cáceres, y que serían las mayores de Europa, o la mina de uranio de la australiana Berkeley en Retortillo (Salamanca).
También tiene en contra a los grupos ecologistas la única mina activa de coltán en Europa. En Ourense se encuentra la mayor reserva europea de coltán, un metal imprescindible para la construcción de teléfonos móviles y considerado el 'oro negro' del momento. En esta caso, la explotación ubicada en Viana do Bolo aprovecha los escombros de una antigua mina, ya que allí estaba una mina de estaño explotada por la Rumasa de Ruiz Mateos que se cerró en 1980.
Desde entonces hasta hace poco más de un año, febrero de 2020, la mina ha permanecido inactiva, pero Strategic Minerals Spain, la compró por 36 millones de euros. De las balsas de aquella vieja mina de estaño se extrae el coltán, mineral que ha generado múltiples guerras y conflictos en el principal productor mundial, el Congo. La empresa, que invertirá en la explotación gallega 350 millones, prevé explotar la mina, donde trabajan unos setenta empleados de la zona, durante casi dos décadas.
Pero desde Ecologistas en Acción se pide que el proyecto de explotación de la mina en Viana do Bolo sea denegado al considerar que implicaría la continuación de vertidos directos con altas concentraciones de metales pesados sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 y ser un "gran foco de contaminación". Por ello, el grupo ecologista exige "iniciar los correspondientes expedientes sancionadores contra las empresas y personas responsables y dar traslado a la Fiscalía por presunto delito ambiental y contra la salud pública". Otra vez una mina y tribunales en danza. España es una mina, pero debe decidir su futuro: potencia mundial minera o paraíso medioambiental. ¿Son compatibles ambas cosas a la vez?
Fuente de la noticia: lainformacion.com