La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha aprobado la actualización del proyecto de explotación vigente de la Mina de Riotinto y su plan de restauración, lo que supone extender la vida de la explotación ocho años más, hasta 2031. Asimismo, la autorización avala un nuevo diseño para la gestión de los estériles de mina que prevé su reutilización en la corta minera, así como el recrecimiento del depósito de estériles de proceso.
Esta autorización permitirá el tratamiento de 15 millones de toneladas de mineral al año, esenciales para asegurar el suministro de materias necesarias para la descarbonización de la economía y el proceso de transición energética hacia nuevas tecnologías más limpias. Atalaya Mining, operadora de esta histórica mina, ha realizado una inversión superior a los 400 millones de euros desde el inicio de su actividad en una explotación que genera 1.100 empleos.
Según ha manifestado el consejero Jorge Paradela en una visita a la mina, durante la tramitación del expediente se ha procurado maximizar las garantías de seguridad operacional y ambiental como “principio irrenunciable”. Así, más allá de los requisitos legalmente establecidos, la Junta ha incorporado las recomendaciones de organismos científico-técnicos de referencia como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) o la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.
En la resolución de la autorización se ha prestado especial atención a la garantía de la seguridad operacional de las instalaciones de residuos de tratamiento, desplegando una serie de medidas adicionales que van más allá de las rigurosas prescripciones impuestas por la legislación reguladora en la materia. En concreto, el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado día 4 de julio aprobó el Decreto 167/2023, por el que se crea y establece la regulación de la Comisión de Expertos para el seguimiento de la seguridad de las instalaciones de residuos de grandes proyectos mineros en Andalucía.
Este órgano colegiado apoyará a la Consejería en la aplicación de las mejores tecnologías y procedimientos disponibles para el seguimiento de la seguridad estructural de las instalaciones. Para ello contará con la participación de expertos independientes de reconocido prestigio en representación de instituciones tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, universidades politécnicas españolas con especialización en la materia, colegios profesionales de ingeniería, entre los que se encuentra el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, y otras administraciones públicas.